La Balanza Rota: Cuando la Justicia se Convierte en Instrumento de Poder y no en Garante de Derechos

Hay una imagen que la modernidad democrática ha instalado con insistencia en la imaginación colectiva: la justicia representada como una figura ciega, imparcial, que sostiene una balanza en perfecta horizontalidad. En América Latina, esa imagen tiene cada vez menos correspondencia con la realidad. La balanza existe, sí, pero sus platillos obedecen con frecuencia no al peso de las pruebas, sino al peso del poder.

Lo que se examina en estas páginas no es una denuncia abstracta ni una hipérbole retórica. Es un patrón observable, documentado y repetido en múltiples latitudes del continente: la justicia selectiva como herramienta de gobernanza, practicada con distinta intensidad pero con idéntica lógica por administraciones que, en sus discursos, se presentan como defensoras del Estado de derecho.

El Mapa de la Impunidad Estratégica

Para entender cómo opera la selectividad judicial, conviene trazar primero sus contornos. No se trata simplemente de corrupción judicial —fenómeno real y devastador en sí mismo— sino de algo más sofisticado: la instrumentalización deliberada del aparato de justicia como mecanismo de control político.

El esquema funciona en dos direcciones simultáneas. Por un lado, se activan investigaciones, se aceleran procesos y se magnifican cargos contra figuras opositoras, periodistas incómodos o líderes sociales que representan una amenaza para la narrativa oficial. Por otro, se archivan expedientes, se dilatan causas y se construyen blindajes jurídicos para proteger a aliados corporativos, financiadores de campaña y cuadros leales del partido gobernante.

Esta dualidad no es accidental. Es arquitectura.

El Caso del Fiscal Obediente

Uno de los mecanismos más eficaces para ejercer esta selectividad es el control sobre las fiscalías. En varios países latinoamericanos, los procuradores y fiscales generales son designados por el poder ejecutivo o por legislaturas controladas por el oficialismo. El resultado previsible es una fiscalía que, al menos en sus casos más políticamente sensibles, actúa como brazo extendido del gobierno de turno.

No es necesario emitir órdenes directas —aunque también ocurre—. Basta con cultivar el ambiente institucional adecuado: promover a quienes demuestran lealtad, relegar a quienes insisten en investigar donde no deben, y dejar que el mensaje implícito circule con eficacia entre los funcionarios. El resultado es una institución que aprende a mirar hacia donde se le indica y a cerrar los ojos donde conviene.

Esta dinámica se ha documentado con distintos grados de intensidad en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, pero también —y esto merece subrayarse— en países que gozan de mejor reputación democrática en los índices internacionales. La selectividad no es exclusiva de los regímenes más abiertamente autoritarios; es una tentación que atraviesa el espectro ideológico.

Progresismo y Justicia: Una Relación Incómoda

Existe una responsabilidad particular que debe señalarse con honestidad en este análisis: la de los gobiernos que se identifican con el campo progresista. No porque sean los únicos que practican la justicia selectiva —la derecha latinoamericana tiene un historial igualmente oscuro en este terreno— sino porque la contradicción es más aguda cuando se produce desde quienes prometen transformar las estructuras de impunidad.

Cuando un gobierno de izquierda llega al poder invocando la justicia social, la transparencia y el fin de los privilegios, y luego protege a sus propios aliados empresariales de investigaciones por evasión fiscal, contamina el discurso transformador con la misma lógica que prometió combatir. La indignación selectiva —escandalosa ante los delitos del adversario, silenciosa ante los propios— no es justicia. Es política con toga.

Ha ocurrido en contextos donde gobiernos autodefinidos como populares han perseguido con celo a opositores de clase media mientras han negociado en privado con las mismas élites extractivas que denunciaban en sus mítines. La retórica antiimperialista convive, en estos casos, con contratos mineros firmados bajo condiciones que ningún gobierno de derecha se hubiera atrevido a defender públicamente.

La Verdad Oficial y sus Fechas de Caducidad

Otro rasgo definitorio de la justicia instrumentalizada es la maleabilidad de la verdad oficial. En los sistemas donde el poder político influye sobre el judicial, la culpabilidad o inocencia de un individuo puede cambiar según el ciclo electoral o las alianzas del momento.

Hay figuras que fueron procesadas con urgencia ejemplar cuando eran opositores y que, una vez integradas al bloque de poder, vieron sus causas archivadas o prescritas con discreta eficiencia. Y al contrario: hay aliados que se convirtieron en enemigos y que de pronto descubrieron que expedientes dormidos durante años adquirían una nueva y sorprendente vitalidad.

Esta elasticidad judicial destruye algo más que la credibilidad de los procesos individuales: erosiona la noción misma de que existe una verdad jurídica independiente de las conveniencias del poder. Cuando los ciudadanos aprenden que la justicia funciona así, el cinismo se instala como respuesta racional, y con él, la desmovilización y la resignación.

Los Defensores como Blanco Preferido

Entre las víctimas más sistemáticas de la selectividad judicial se encuentran quienes defienden derechos: activistas ambientales, líderes comunitarios indígenas, periodistas de investigación. En su caso, el aparato judicial no solo se activa con celeridad inusual, sino que lo hace con una creatividad jurídica notable: delitos que se inventan o se estiran para encuadrar conductas que, en esencia, no son más que el ejercicio de derechos fundamentales.

La criminalización de la protesta social mediante figuras como el terrorismo, la sedición o el sabotaje económico ha sido una constante en el continente, aplicada con entusiasmo tanto por gobiernos conservadores como por administraciones que se reclaman herederas de las luchas populares. El mensaje que se envía a la sociedad es inequívoco: organizarse para exigir derechos tiene un precio.

Hacia una Justicia que no Elija sus Víctimas

Ningún análisis honesto puede concluir en la mera denuncia sin apuntar hacia lo que debería ser distinto. La independencia judicial no es un lujo democrático: es la condición sine qua non para que la convivencia social descanse sobre algo más sólido que la correlación de fuerzas del momento.

Eso implica mecanismos de designación de magistrados y fiscales que no dependan directamente del ejecutivo, organismos de supervisión con capacidad real de sanción, y una cultura institucional que premie la integridad y no la lealtad partidaria. Implica también que los movimientos progresistas sean los primeros en exigir estas garantías, incluso —y sobre todo— cuando el poder que las vulnera es el suyo propio.

La gracia de la justicia no reside en castigar al enemigo con mayor eficacia. Reside en tratar a todos, amigos y adversarios, con idéntico rigor y con idéntica protección. Una justicia que elige a quién investigar y a quién absolver no es justicia: es poder disfrazado de derecho.

Y ese disfraz, por más elaborado que sea, tarde o temprano se cae.