Progresismo de Temporada: El Arte Electoral de Adoptar Causas Justas Solo Cuando los Votos Están en Juego

Hay una escena que se repite con variaciones mínimas en los ciclos electorales latinoamericanos. Un candidato —o candidata— sube a un escenario, rodea con los brazos a representantes de comunidades indígenas, abraza líderes sindicales, cita a Paulo Freire o a Eduardo Galeano, y promete que su gobierno será diferente: que la tierra volverá a los que la trabajan, que los recursos naturales servirán al pueblo y no a las corporaciones, que los excluidos de siempre encontrarán finalmente un lugar en la mesa donde se toman las decisiones.

Dos años después, ese mismo gobernante firma decretos que flexibilizan la consulta previa, recibe con honores a ejecutivos de las empresas que antes denunciaba, y sus voceros explican con serenidad que «gobernar implica responsabilidades que no se ven desde la oposición». El giro no los sorprende a ellos. Debería sorprendernos más a nosotros.

El Progresismo como Vestuario Electoral

La hipocresía política no es un fenómeno exclusivo de América Latina, pero en la región adquiere características propias que la hacen especialmente lesiva. En sociedades marcadas por desigualdades estructurales profundas, donde millones de personas depositan esperanzas genuinas en líderes que prometen transformación, la traición ideológica no es solo una decepción política: es una herida en la capacidad colectiva de creer que el cambio es posible.

El politólogo argentino Guillermo O'Donnell acuñó el concepto de «democracia delegativa» para describir sistemas donde el votante entrega su confianza al candidato y luego pierde toda capacidad real de control sobre sus decisiones. Ese marco teórico sigue siendo útil, pero es insuficiente para describir lo que ocurre cuando el problema no es solo la concentración del poder, sino la falsificación deliberada del proyecto político que se ofrece al electorado.

Existen, al menos, tres mecanismos mediante los cuales este oportunismo se manifiesta con mayor claridad en la región.

El Giro Pragmático: Cuando la 'Gobernabilidad' Devora las Convicciones

El primero es el que sus protagonistas denominan con mayor frecuencia como «pragmatismo responsable». La lógica es conocida: una vez en el poder, el gobernante descubre que los mercados financieros, las instituciones internacionales de crédito y los grandes grupos económicos locales tienen una capacidad de presión que ningún programa electoral anticipó. La respuesta, en lugar de construir coaliciones alternativas de poder, suele ser la capitulación gradual envuelta en lenguaje técnico.

Ecuador bajo Rafael Correa ofrece un ejemplo que merece análisis sin hagiografía ni demonización. El proyecto de la Iniciativa Yasuní-ITT —dejar el petróleo bajo tierra a cambio de compensaciones internacionales— fue presentado como una revolución en la relación entre desarrollo y naturaleza. Su abandono en 2013, justificado por la falta de respuesta internacional, marcó un punto de quiebre que reveló la fragilidad de un progresismo que no había construido las condiciones estructurales para sostener sus propias apuestas más audaces. La retórica de la Pachamama convivió, con creciente incomodidad, con la expansión del extractivismo en territorios indígenas.

La Promesa Identitaria y su Instrumentalización

El segundo mecanismo es más específico y, en cierto sentido, más cínico: la apropiación de las luchas de grupos históricamente marginados —mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas LGBTQ+— como plataforma electoral, seguida de su abandono sistemático una vez que el voto ha sido capturado.

En México, el debate en torno a la paridad de género en las listas electorales ilustra esta tensión. Los avances normativos son reales y no deben subestimarse. Pero la presencia de más mujeres en cargos formales no ha venido acompañada, en muchos casos, de transformaciones sustantivas en las políticas públicas que afectan la vida cotidiana de las mujeres más vulnerables: acceso a servicios de salud reproductiva, protección frente a la violencia doméstica, condiciones laborales en la economía informal. La representación simbólica fue útil electoralmente; las reformas estructurales resultaron políticamente costosas.

En Bolivia, el proceso constituyente de 2009 reconoció derechos inéditos para los pueblos indígenas. Sin embargo, los conflictos posteriores en torno al TIPNIS —el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure— pusieron en evidencia que el reconocimiento constitucional puede coexistir con políticas de desarrollo que contradicen su espíritu. La retórica del «vivir bien» no siempre sobrevivió al encuentro con los planes de infraestructura.

El Populismo de Izquierda y la Tentación del Poder Perpetuo

El tercer mecanismo es quizás el más complejo de analizar desde una perspectiva progresista, porque implica una autocrítica que no siempre resulta cómoda. Algunos proyectos políticos que nacieron con genuinas credenciales de justicia social derivaron, con el tiempo, hacia formas de concentración del poder que contradicen los principios democráticos que originalmente los animaban.

Venezuela representa el caso extremo de esta trayectoria, pero la pregunta que plantea es válida más allá de sus circunstancias específicas: ¿en qué momento un proyecto de transformación social se convierte en un proyecto de perpetuación del poder? ¿Cuándo la defensa de los logros sociales se transforma en justificación para el cierre de espacios democráticos?

No se trata de equiparar experiencias radicalmente distintas ni de caer en la trampa de quienes utilizan estos casos para deslegitimar cualquier propuesta de cambio estructural. Se trata, más bien, de reconocer que el oportunismo político no tiene un solo color ideológico, y que el progresismo genuino debe ser capaz de aplicarse a sí mismo los estándares críticos que aplica a sus adversarios.

Cómo Distinguir la Convicción del Cálculo

Existen señales que permiten, con cierta fiabilidad, distinguir entre un compromiso político auténtico y su simulacro electoral. La primera es la coherencia entre el discurso en la oposición y las decisiones en el gobierno, especialmente cuando esas decisiones tienen un costo político real. La segunda es la disposición a fortalecer instituciones independientes —contralorías, fiscalías, poderes judiciales— incluso cuando esas instituciones pueden volverse en contra del propio gobierno. La tercera es la actitud ante la protesta social: un gobernante genuinamente comprometido con la justicia no criminaliza a quienes exigen el cumplimiento de sus propias promesas.

El periodismo político tiene aquí una responsabilidad ineludible: documentar con precisión las promesas formuladas, rastrear su cumplimiento o incumplimiento, y resistir la tentación de convertirse en apologista de un «mal menor» que, con el tiempo, puede resultar no tan menor.

La verdad, en política, no siempre es cómoda para quienes se identifican con una causa justa. Pero es precisamente en esa incomodidad donde reside su valor. Un progresismo que no puede mirarse al espejo no merece el nombre.