Sacerdotes del PIB: La Economía Ortodoxa como Religión de Estado en América Latina

Hay un momento preciso en el que una ideología deja de presentarse como tal y comienza a vestirse con las ropas de la ciencia. Ese momento es, quizás, el más peligroso de su existencia: cuando ya no necesita convencer, sino simplemente administrar. En América Latina, ese momento llegó a finales de los años ochenta, cuando el llamado Consenso de Washington dejó de ser un programa político negociable y se transformó en el único horizonte concebible para gobernar una economía.

Desde entonces, generaciones enteras de ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales y asesores del Fondo Monetario Internacional han operado con la solemnidad de quienes custodian una verdad sagrada. No gobiernan: ofician. No debaten: anuncian. Y quien se atreve a cuestionar los mandamientos —déficit cero, privatización de servicios públicos, apertura irrestricta de capitales— no recibe una respuesta argumental, sino la mirada condescendiente que se reserva para los ignorantes o los peligrosos.

El Latín de los Tecnócratas

Toda religión necesita un idioma que los fieles comunes no puedan descifrar. El catolicismo medieval usó el latín para mantener la escritura fuera del alcance del pueblo. La economía ortodoxa contemporánea utiliza un arsenal equivalente: tasas de interés reales ajustadas por expectativas, reglas de Taylor, curvas de Laffer, spreads soberanos y modelos de equilibrio general computable. No es que estos conceptos carezcan de contenido técnico legítimo. El problema es el uso estratégico de esa complejidad para blindar decisiones que son, en esencia, opciones políticas con consecuencias distributivas muy concretas.

Cuando el FMI exige a un gobierno latinoamericano que recorte el gasto social como condición para recibir financiamiento, no está aplicando una ley de la física. Está tomando partido. Está decidiendo que el equilibrio fiscal importa más que el acceso a la salud pública, que la confianza de los mercados vale más que el salario de un maestro. Pero esa decisión jamás se presenta como lo que es. Se presenta como inevitabilidad técnica, como la única respuesta posible ante los «fundamentos macroeconómicos». El vocabulario actúa como muro: quien no lo domina no puede refutar, y quien lo domina ya ha sido socializado dentro del mismo paradigma.

La Formación del Sacerdocio

No es casualidad que los economistas que diseñaron las reformas estructurales en Chile, Argentina, México o Perú compartieran no solo ideas, sino biografías. Muchos se formaron en los departamentos de economía de Chicago, Harvard o el MIT durante las décadas de los setenta y ochenta, becados por programas vinculados a fundaciones privadas o a los propios organismos multilaterales. Regresaron a sus países con el mismo manual bajo el brazo y ocuparon posiciones clave en ministerios, bancos centrales y organismos de planificación.

Esta homogeneidad no fue accidental. Fue el resultado de una estrategia deliberada de construcción de consenso técnico que, en la práctica, funcionó como filtro ideológico. Los economistas heterodoxos, los que planteaban preguntas incómodas sobre distribución del ingreso, sobre los límites del mercado o sobre el papel del Estado en el desarrollo, fueron marginados sistemáticamente de los espacios de decisión. Se les negaron cargos, financiamiento para investigación y tribuna en los medios especializados. La diversidad intelectual fue sacrificada en el altar de la coherencia doctrinal.

Herejía y Castigo

Las religiones no solo tienen dogmas: tienen mecanismos de sanción para quienes se desvían. La economía ortodoxa también los tiene, aunque se presenten bajo formas más sofisticadas que la hoguera inquisitorial.

Cuando un gobierno latinoamericano anuncia políticas que contradicen el consenso —un aumento significativo del salario mínimo, la renacionalización de un servicio público, controles de capital en momentos de crisis— la respuesta del sistema es casi automática. Las calificadoras de riesgo rebajan la nota del país. Los mercados financieros castigan la moneda. Los grandes medios de comunicación, que comparten anunciantes y accionistas con los sectores más beneficiados por el orden vigente, amplifican el mensaje de alarma. Y los organismos multilaterales, con el FMI a la cabeza, emiten comunicados que advierten sobre «riesgos para la estabilidad macroeconómica».

El resultado es que la voluntad democrática —expresada en urnas, en movilizaciones sociales, en mandatos constitucionales— queda subordinada a la aprobación de actores que nadie eligió y que no rinden cuentas ante ningún electorado. La soberanía popular se convierte en una formalidad tolerada mientras no interfiera con los mandamientos del mercado.

El Costo Humano de la Fe

Las políticas de austeridad no son abstracciones contables. Tienen nombre, apellido y dirección. En Argentina, los recortes exigidos por el FMI a finales de los años noventa y principios de los dos mil hundieron a millones de familias en la pobreza en cuestión de meses. En Ecuador, las medidas de ajuste aplicadas bajo presión externa desencadenaron el levantamiento indígena de octubre de 2019, reprimido con una violencia que dejó muertos y heridos en las calles de Quito. En Bolivia, Honduras y Guatemala, las privatizaciones del agua y los servicios básicos convirtieron derechos fundamentales en mercancías accesibles solo para quienes podían pagarlas.

Ninguno de estos episodios figura en los informes de autoevaluación del FMI o del Banco Mundial como fracasos doctrinales. Se presentan, invariablemente, como consecuencias de una «implementación deficiente», de «factores políticos perturbadores» o de «resistencias institucionales». El dogma nunca falla: fallan siempre los que intentaron aplicarlo en condiciones impuras.

Fisuras en el Altar

Sin embargo, la catedral tiene grietas. La propia crisis financiera global de 2008 obligó a algunos economistas del FMI a reconocer, en documentos internos que circularon con discreción, que ciertas políticas de austeridad habían tenido efectos contractivos más severos de lo previsto. Olivier Blanchard, entonces economista jefe del organismo, publicó en 2013 un paper en el que admitía que los multiplicadores fiscales habían sido sistemáticamente subestimados. Era una confesión menor, formulada en el lenguaje técnico que caracteriza a estas instituciones, pero era una fisura.

Más relevante aún ha sido el crecimiento de escuelas de pensamiento económico que, desde el Sur Global, cuestionan los fundamentos mismos del paradigma dominante. Economistas como Ha-Joon Chang, Mariana Mazzucato o los representantes de la corriente estructuralista latinoamericana han documentado con rigor académico lo que muchas comunidades padecieron en carne propia: que el libre mercado sin Estado activo no genera desarrollo, sino concentración.

Recuperar la Economía para la Democracia

El desafío que enfrenta América Latina no es técnico. Es político y epistémico. Se trata de recuperar la capacidad colectiva de debatir qué tipo de economía queremos, sin que ese debate sea clausurado de antemano por la autoridad de quienes se arrogan el monopolio de la verdad económica.

Eso implica, en primer lugar, exigir transparencia en los modelos y supuestos que sustentan las recomendaciones de política. Implica diversificar los espacios de formación económica, financiar universidades públicas capaces de producir pensamiento propio y rescatar del olvido las tradiciones heterodoxas que la ortodoxia sepultó. Implica, también, que los periodistas, los legisladores y la ciudadanía en general se nieguen a aceptar que ciertos temas son «demasiado técnicos» para el escrutinio público.

La economía es, al fin y al cabo, la forma en que una sociedad decide cómo distribuir lo que produce y quién carga con los costos de esa distribución. Eso no es una cuestión técnica. Es la pregunta política más fundamental que existe. Y ninguna casta sacerdotal, por muy sofisticado que sea su vocabulario, debería tener el derecho de responderla en nombre de todos sin rendir cuentas ante nadie.

En La Gracia y La Verdad creemos que la verdad no pertenece a los que dominan el lenguaje del poder. Pertenece a quienes tienen el valor de hacerle las preguntas que el poder prefiere no escuchar.